En el Código Penal de Costa Rica se penaliza el aborto realizado con consentimiento de la mujer; se imponen penas de entre uno a tres años de prisión a quien consienta o cause su propio aborto, y de seis meses a tres años de prisión a
quien asista a la mujer en el procedimiento. Los marcos legislativos que penalizan el aborto, incluso cuando el embarazo es producto de una violación, ponen en riesgo la salud y vida de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que diversos organismos internacionales los han reconocido como políticas que violan los derechos humanos.
