La violencia sexual no puede minimizarse; los derechos de las víctimas y sobrevivientes deben ser garantizados; ningún partido político debería incluir candidatos acusados de violencia sexual.
Ciudad de México, 19 de febrero 2021.- Mujeres han denunciado públicamente haber sufrido violencia sexual de parte del aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Ante ello, cabe recordar que la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, estableciendo que es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que debe proporcionar mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño.
En 1994 el Estado mexicano se comprometió a reconocer el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, al firmar el tratado interamericano de la «Convención de Belém do Pará», donde condenó todas las formas de violencia contra la mujer y en donde se comprometió a adoptar políticas y medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia.
No obstante, el pasado 15 de febrero Félix Salgado Macedonio se registró como candidato a gobernador de Guerrero por Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a pesar de estar en medio de dos investigaciones: una de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de violación contra una ex compañera de trabajo en 2016 y la otra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, que podría separarlo de la contienda.
En la Ley General de Víctimas el Estado reconoce la existencia de grupos de población con mayor vulnerabilidad, como las niñas y mujeres, y señala que existen daños que requieren de una atención especializada y, por ello, las autoridades deben brindar garantías especiales y medidas de protección.
Sin embargo, en diversas ocasiones, una denunciante ha manifestado públicamente el sentir miedo, haber sido revictimizada en las investigaciones y temer represalias en caso de que Salgado llegue a la gubernatura, así como temor de que más mujeres sean violentadas por el senador con licencia.
De acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución, las víctimas de un delito tienen derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, a la reparación del daño, al resguardo de su identidad; a solicitar las medidas cautelares necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.
Además, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que los tres órdenes de gobierno están obligados a prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se inflige a las mujeres, quienes deben ser valoradas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
Por ello estipula que las víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades y contar con un refugio, mientras lo necesite.
Por su parte, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, la entonces PGR –ahora Fiscalía General de la República (FGR)– estableció las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado, entre las que se encuentran:
– Capacitarse en perspectiva de género.
– Actuar con paciencia, calma y hablar con lenguaje claro a la víctima, pues puede transitar por un estado de shock o síndrome de estrés post-violación.
– No coaccionar a la víctima por las declaraciones vertidas.
– La estrategia de investigación debe incluir un método en el que la víctima no repita una y otra vez los hechos de la violencia sexual que vivió.
– No revictimizar con juicios de valor con base a discriminación por género.
– De ninguna manera la guía de la investigación comprenderá supuestos de “provocación” de la víctima al agresor, o causas propiciatorias, por su modo de vestir, su presencia en ciertos lugares a determinadas horas, las respuestas que la víctima le dio al agresor, su comportamiento o la ausencia de evidencias de violencia física.
A pesar del amplio marco legal y normativo, el desconocimiento de servidores públicos para actuar con perspectiva de género ha provocado graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Las obligaciones del Estado no pueden quedar en papel.
Las denunciantes contra Félix Salgado merecen el respeto de la ciudadanía y de las autoridades. No es de “ya chole”, el caso es de suma importancia y amerita una investigación oportuna y expedita pues el país –que tiene altos niveles de feminicidios y violencia contra las mujeres– no puede permitir que una persona acusada de violación aspire a ser gobernador.
La violencia sexual contra las mujeres no puede minimizarse, por ello se debe hacer valer las leyes que protegen a las víctimas y sobrevivientes; respetar su voz, sin poner en duda sus dichos.
Por ello, nos unimos a las mujeres activistas, actrices, feministas y de la sociedad civil que se han manifestado, tanto en redes sociales, como con comunicados y protestas para exigir que se retire la candidatura de Félix Salgado hasta que se resuelva la investigación y se establezcan medidas para proteger a las víctimas.
