Ciudad de México, 28 de septiembre de 2025 — En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la organización Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), en colaboración con la artista y activista Cerrucha, realizó la intervención pública “Mi cuerpo, mi vida, mi decisión”, una acción artística y política para exigir la eliminación del aborto de las leyes penales.
La intervención consistió en la proyección de videorretratos testimoniales en pantallas móviles, que recorrieron vías y sitios estratégicos y emblemáticos de la Ciudad de México para visibilizar las historias de quienes han acompañado, practicado o vivido un aborto en contextos marcados por el estigma, el abandono institucional y la criminalización.
Los relatos visibilizan las múltiples formas en que la regulación del aborto desde las leyes penales sigue poniendo en riesgo la salud, la vida y la autonomía de mujeres y personas con posibilidad de gestar en México.
Los testimonios compartidos durante esta intervención no son solo historias personales, son llamados urgentes a transformar las condiciones bajo las cuales se niega el derecho a decidir en México. En las voces de profesionales de la salud, personas acompañantes, mujeres y personas gestantes, emergen realidades que ponen en evidencia los costos humanos de un sistema que aún criminaliza el aborto.
- El miedo a la criminalización es una constante: el personal de salud y quienes acompañan abortos viven con temor tan solo por cumplir con su labor. Este miedo limita su capacidad de actuar con libertad y profesionalismo.
- El estigma persiste: el permanente riesgo de la persecución legal alimenta la desconfianza hacia los servicios de salud, al grado de que muchas personas en situación de vulnerabilidad deciden no acudir a hospitales, incluso en emergencias, por temor a ser denunciadas. Esta criminalización también se manifiesta como violencia obstétrica, afectando la dignidad y la autonomía de las personas gestantes.
- Las desigualdades se profundizan: las más afectadas por la penalización siguen siendo niñas, adolescentes, mujeres indígenas, personas trans, mujeres rurales y quienes viven en condiciones de pobreza. La falta de acceso a servicios seguros perpetúa ciclos de abandono, maternidades forzadas, precariedad y violencias estructurales.
- La maternidad impuesta también es violencia: poder decidir si se quiere maternar, cuándo y en qué condiciones, forma parte del derecho a vivir una vida libre de violencia. El acceso al aborto legal y seguro no solo protege la salud y la vida, también permite que el cuidado, cuando ocurre, sea un acto libre y no una condena.
- La esperanza está en el cambio: despenalizar completamente el aborto, tal como recomiendan organismos internacionales como la OMS, es un paso necesario para garantizar el acceso efectivo a este servicio de salud esencial. Es reconocer que decidir no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las personas.
Esta intervención hace un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión a eliminar el aborto del Código Penal Federal, y así cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los tratados internacionales de derechos humanos y las obligaciones constitucionales en materia de igualdad, salud y no discriminación.
Decidir no debería ser un delito.
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A continuación, el posicionamiento de Ipas LAC, al que se unen las organizaciones feministas:
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) – REDefine, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir México, Balance AC – Fondo MARÍA, Luchadoras MX, DDESER, Colectiva ADAS, Michis Aborteros y Amamachas Aborteras, AbortistasMx.
Posicionamiento
“Mi cuerpo, mi vida, mi decisión”
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, visibilizamos una demanda urgente: que México avance hacia la derogación del aborto de las leyes penales. Porque cuando el Estado respalda la autonomía reproductiva, las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar pueden tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre sus cuerpos y sus vidas.
Hace 18 años, la Ciudad de México marcó un parteaguas al despenalizar el aborto a voluntad hasta las 12 semanas. Este avance permitió desarrollar modelos de atención médica seguros, capacitar personal de salud y ofrecer servicios dignos. También posicionó a México como un referente regional e internacional. Pero hoy sabemos que eso no basta.
Mientras el aborto siga en los códigos penales, habrá mujeres y otras personas con posibilidad de gestar obligadas a continuar con embarazos forzados. Seguirán enfrentando obstáculos por haber llegado tarde al servicio, por no haber tenido acceso a información o recursos, por no vivir en un lugar con acceso a servicios de salud que estén abastecidos. Y todo esto sucede porque así lo dictan las leyes.
Las cifras oficiales también nos lo confirman: la regulación del aborto desde las leyes penales sigue activando procesos de denuncia en casos de urgencias obstétricas y atención postaborto. La sospecha, el juicio y la persecución siguen operando sobre cuerpos gestantes, especialmente los de quienes viven en situación de pobreza, de discriminación o de violencia.
Por eso, desde la evidencia científica y el marco internacional de los derechos humanos, nos sumamos a lo que ha dicho con claridad la Organización Mundial de la Salud: el aborto es un servicio de salud esencial, que debe estar disponible sin barreras, sin castigo, sin estigmas.
Las leyes restrictivas no previenen abortos, obligan a la búsqueda de opciones para la interrupción del embarazo por fuera del contexto sanitario o a continuar con embarazos no deseados.
Hoy, desde el espacio público, exigimos lo que ya no puede esperar más: la eliminación del delito de aborto de las leyes penales. No hay justicia posible mientras se siga criminalizando una decisión profundamente personal, íntima y legítima.
Porque decidir no es un crimen.
Porque abortar no debería ser una sentencia.
Porque la autonomía reproductiva es un derecho, no una concesión.
Alzamos la voz, porque nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras decisiones no le pertenecen al Estado. Le pertenecen a quienes los viven, los habitan y los defienden. Sigamos resistiendo y exigiendo desde la esperanza.
A este posicionamiento suscriben:
Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), Cerrucha, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) – REDefine, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir México, Balance AC – Fondo MARÍA, Luchadoras MX, DDESER, Colectiva ADAS, Abortistas Mx, Michis Aborteros y Amamachas Aborteras.
