- Las organizaciones firmantes rechazaron cualquier forma de criminalización hacia quienes abortan, sus acompañantes o el personal médico.
- Abandonar el uso del derecho penal es fundamental para garantizar el acceso pleno y seguro a este servicio de salud.
28 de septiembre de 2025, CDMX. Organizaciones feministas y colectivas defensoras de derechos humanos convocaron a un “Sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito” frente al Senado y exigieron al Congreso de la Unión dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en septiembre de 2023 declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal.
El máximo tribunal resolvió el amparo en revisión 267/2023 y determinó que la penalización del aborto voluntario viola los derechos humanos de mujeres y personas gestantes. La SCJN ordenó al Poder Legislativo reformar la legislación penal para derogar el delito; sin embargo, a la fecha, no se ha concretado el mandato.
Actualmente, 23 entidades del país han avanzado en la despenalización parcial del aborto, avance que es de celebrarse, pues representa un paso hacia el reconocimiento de los derechos reproductivos. No obstante, en nueve estados —Aguascalientes, Durango, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala— la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo considerada un delito.
Desde la perspectiva de los organismos internacionales y de la propia Corte, el aborto no debe regularse mediante leyes penales, sino a través de normativas de salud que garanticen acceso seguro, sin plazos ni autorizaciones de terceros, y bajo condiciones de dignidad, igualdad y asequibilidad.
Las organizaciones firmantes rechazaron cualquier forma de criminalización hacia quienes abortan, sus acompañantes o el personal médico, pues consideran que esta práctica legalizada elimina barreras y brinda certeza jurídica a quienes participan en los procedimientos. “Abandonar el uso del derecho penal es fundamental para garantizar el acceso pleno y seguro a este servicio de salud”, señalaron.
Asimismo, hicieron un llamado a incluir la perspectiva de accesibilidad en los servicios de aborto para personas con discapacidad, subrayando que el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar el derecho a decidir en condiciones de justicia, igualdad y no discriminación.
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