- La eliminación del aborto del Código Penal de la CDMX permitirá que este procedimiento sea regulado desde normas de salud y no desde el sistema penal, con lo que dejará de considerarse un delito.
- Esto contribuirá a erradicar el estigma y la criminalización que afecta sobre todo a quienes viven en condiciones de mayor precarización.
- El delito de aborto forzado, aquel que se realiza contra la voluntad de la mujer o persona gestante, continuará en el Código Penal.
En 2007, la Ciudad de México marcó un hito para el ejercicio de los derechos reproductivos en México y Latinoamérica al convertirse en la primera entidad federativa en despenalizar el aborto a solicitud de quien lo requiera. Ahora, en 2024, tiene en sus manos la oportunidad de volver a hacer historia y convertirse en la primera entidad del país en retirar el aborto del Código Penal, permitiendo que este sea regulado a través del Sistema de Salud, como el resto de los servicios de salud en general, incluyendo la salud reproductiva.
Esperamos que el Pleno del Congreso de la CDMX discuta el dictamen en los próximos días para que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar, así como las personas profesionales de la salud, cuenten con un marco libre de estigma y discriminación, que les dé certeza de que no serán criminalizadas.
El aborto es el único servicio de salud que históricamente ha estado regulado por el Derecho Penal. “Abordar el aborto como lo que realmente es, un servicio de salud, contribuye a erradicar el castigo social hacia quienes interrumpen un embarazo, facilita la operación de los servicios y da certeza al personal de salud en cuanto a su marco de acción”, refiere Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas LAC.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), principal referente internacional de los Estados para la implementación de servicios de salud basados en evidencia científica establece en sus Directrices para la atención para el aborto (2022) que un entorno propicio para la atención de calidad es fundamental para la salud de todas las personas. Esto incluye:
- Descartar la criminalización en su regulación, pues la evidencia señala que criminalizar no reduce el número de abortos, sino que incrementa la mortalidad y morbilidad materna.
- Garantizar el aborto voluntario, sin establecer límites rígidos de edad gestacional, ya que hacerlo propicia el aborto inseguro en las poblaciones más vulneradas.
La evidencia generada en la CDMX, durante 17 años de ILE, demuestra un claro éxito como política pública destinada al ejercicio de los derechos reproductivos de quienes deciden interrumpir un embarazo. Una muestra clara es que no se registró ni una muerte por aborto en este periodo en los servicios brindados por el programa público.
- De abril de 2007 a junio de 2024 se realizaron 277 mil 268 procedimientos gratuitos de ILE.
- 8 de cada 10 se llevaron a cabo de manera ambulatoria con medicamentos, de acuerdo con el Reporte de ILE en Clínicas de primer nivel de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Beneficios de la eliminación del aborto del Código Penal
- La regulación de ILE en normativas y protocolos del sector salud facilitará la operación de los servicios, dará certeza al personal de salud en cuanto a su marco de acción y evitará que quienes abortan y quienes les acompañan vayan a la cárcel o reciban sanciones por acceder o garantizar el servicio.
- La regulación desde el marco sanitario permitirá que se destine el presupuesto, personal e insumos estatales necesarios para garantizar la prestación del servicio en condiciones seguras y de calidad.
- Facilitará un entorno propicio para la atención de calidad del aborto, como establece la OMS, en el que las necesidades en salud de las personas estén en el centro de la atención, desde antes, durante y después del aborto, en un marco de respeto a derechos humanos, disponibilidad y accesibilidad de la información y sistemas de salud de apoyo.
Es importante recalcar que, aunque la legalidad es un paso importante, debe acompañarse por programas, campañas y políticas orientadas a la educación sexual integral, con particular atención a la violencia sexual en niñas y adolescentes, identificación temprana de factores de riesgo en el embarazo, planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos efectivos, así como un mejor entendimiento de la autodeterminación reproductiva.
Ipas Latinoamérica y el Caribe reafirma su compromiso por seguir trabajando en lineamientos y normas que garanticen la prestación de servicios de aborto, que sirvan como una guía al personal de salud para la provisión de los servicios de manera segura, con apego a derechos humanos, perspectiva de género y de calidad.
Antecedentes
El pasado 10 de octubre, la diputada morenista Yuriri Ayala Zúñiga presentó la iniciativa de reforma ante el Congreso de la Ciudad de México, a nombre propio y en representación de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente.
Esta iniciativa fue acompañada técnicamente por las organizaciones de la sociedad civil, en su rol de expertas en justicia reproductiva: Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Balance A.C., Equidad, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
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Coordinadora de Vinculación con Medios Irene Vázquez Gudiño +52 55 3428 0544 vazquezi@ipas.org