- Mediante un decreto, el Congreso federal creó el delito de cohabitación forzada para penalizar cuando una persona menor de 18 años vive con otra persona de su misma edad o mayor, incluso cuando hubo consentimiento de ambas partes.
- En Ipas LAC reconocemos el matrimonio y las uniones forzadas como un problema que violenta los derechos de las niñas y adolescentes.
- Este delito desconoce a las personas adolescentes como titulares de derechos humanos, con autonomía progresiva y derecho a ser oídos en el ejercicio de los mismos, y puede ser interpretado como una limitación a sus derechos sexuales y reproductivos.
Ciudad de México, 27 de junio de 2023. El Congreso federal de México publicó el 25 de abril un decreto que crea un nuevo delito en el Código Penal Federal denominado “cohabitación forzada”. Este delito establece penas de prisión para quien “obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte” a una o varias personas menores de 18 años a unirse informal o a partir del criterio de costumbres con alguien de su misma condición o con una persona mayor de dieciocho años, con el fin de convivir de forma constante y equiparable a la de un matrimonio. Esto aplica si se tiene el consentimiento o no de la persona menor de edad.
Al responsable de este delito se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días de multa. La pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
Desde Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC) reconocemos al matrimonio y las uniones forzadas como una problemática que violenta los derechos humanos de las niñas y adolescentes en México, que demanda la toma de acciones y políticas inmediatas por parte del Estado para su prevención y eliminación.
Se estima que el tres por ciento de las mujeres entre 20 y 24 años en zonas urbanas, establecieron una unión antes de cumplir los 15 años. Proporción que se eleva al seis por ciento en áreas rurales, y que alcanza al ocho por ciento de las personas hablantes en regiones donde predomina una lengua indígena, de acuerdo con el informe “Niñez interrumpida. Matrimonio infantil y adolescente en México” de la Secretaria de Gobernación.
La quinta parte de las mujeres mexicanas se unen y viven en pareja antes de cumplir 18 años, siendo niñas o adolescentes. En los estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas y Michoacán, es una tercera parte de ellas.
Esta situación alienta los embarazos infantiles y adolescentes. En el país, nacen cada día en promedio mil bebés de niñas adolescentes menores de 19 años. En 2022, nacieron 9 mil 185 bebés de niñas madres menores de 15 años; 98 por ciento de las cuales tenían entre 13 y 14 años. Los estados que registran el mayor número de casos son: Chiapas, Coahuila, Guerrero y Veracruz.
Además, 48 mil 051 adolescentes encuestadas que tuvieron su primera relación sexual en la infancia o adolescencia no la consintieron, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016.Por otra parte, el matrimonio infantil ya está penalizado por las leyes mexicanas, sin embargo, observamos con preocupación que la descripción del delito de cohabitación forzada también abarca las relaciones consentidas entre personas adolescentes. Este apartado, de forma específica, desconoce el principio internacional de capacidades evolutivas para tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida y sus metas, y puede ser interpretado como una limitación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.
