Aguascalientes: No al Retroceso en Derechos Reproductivos
Nos encontramos ante un grave retroceso para los derechos reproductivos y la salud de las mujeres, hombres trans y personas no binarias en Aguascalientes. La propuesta del gobierno estatal, bajo la administración del PAN, de reducir el plazo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de 12 a 6 semanas que se votó a favor en el Congreso del estado por la mayoría de este partido el día de hoy, es una medida que atenta directamente contra los derechos humanos y la salud de todas las personas con capacidad de gestar, especialmente de aquellas que enfrentan más barreras en el acceso al aborto seguro, como personas en situaciones de precariedad, hombres trans, personas no binarias, migrantes, indígenas, niñas y adolescentes. De igual manera, contraviene la política pública de salud, de la cual las entidades federativas tienen la obligación de implementar, a la fecha se cuenta con un programa nacional de salud sexual y reproductiva que explicita el aborto seguro como una obligación para los servicios de salud estatales, tanto así que además en la actual administración federal, se publicó por primera vez un lineamiento técnico para la atención del aborto seguro, el cual es aplicable en todo el país.
Esta acción impulsada por un gobierno estatal que ha decidido también frenar la distribución de libros de texto que contienen información esencial sobre derechos sexuales y reproductivos, es un ataque directo a los derechos más fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna. La falta de acceso a información y servicios adecuados exacerba esta crisis, especialmente cuando se bloquean materiales educativos que abordan temas cruciales que forman parte de la educación integral en sexualidad (EIS), limitando el acceso a herramientas e información que promueven una sociedad más justa, igualitaria, que no recurra a la violencia para defender estereotipos de género anticuados y degradantes.
En los últimos cinco años, en Aguascalientes se han registrado miles de embarazos en adolescentes, siendo la entidad que, hasta hace poco, ocupaba los primeros lugares en este indicador a nivel nacional. Tan solo en 2022, se reportaron cerca de 2,000 embarazos en adolescentes, una cifra que, aunque ha mostrado una reducción en los últimos años, sigue siendo alarmante.
Además, se han registrado casi 200 casos de violación sexual a niñas y adolescentes en los últimos cuatro años. Agresiones, en su mayoría perpetradas por familiares o personas cercanas, lo que agrava aún más la situación. Este tipo de violencia es un factor determinante en los embarazos de menores de 14 años, muchos de los cuales terminan en complicaciones de salud graves.
Las dificultades para acceder al aborto por violación han hecho que el acceso voluntario a través de la interrupción legal del embarazo sea una posibilidad más concreta para muchas personas. Reducir el tiempo permitido para la ILE de 12 a 6 semanas es fallarles de nueva cuenta, pues muchas personas con capacidad de gestar, principalmente las niñas y adolescentes, no reconocen su embarazo dentro de este breve plazo, especialmente porque no están familiarizadas con su ciclo menstrual, son irregulares o éste no se ha presentado previamente por su corta edad.
Obligar a alguien, y peor aún a cualquier niña, a continuar con un embarazo no solo es una violación a sus derechos, sino que incrementa significativamente los riesgos para su salud integral y bienestar a largo plazo. Los embarazos tempranos redundan en abandono escolar al dedicarse a las labores de cuidado y al empleo, usualmente informal y precario. Por tanto, esta medida no solo es regresiva, sino profundamente inhumana, dejándoles un futuro incierto, a menudo agudizado por la pobreza, la falta de oportunidades y el estigma social, que también afecta desproporcionadamente a las personas con uno o más hijxs con embarazos no deseados.
Exigimos al Gobierno de Aguascalientes:
1. Rechazar esta reforma y garantizar el acceso seguro a la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, y con posterioridad de acuerdo al resto de causales.
2. Proteger a las niñas y adolescentes, asegurando que todas tengan acceso a educación integral en sexualidad y a una amplia gama de métodos anticonceptivos.
3. Garantizar el cumplimiento de las normativas que protegen los derechos reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar en la entidad, permitiendo el acceso a servicios seguros y legales.
La decisión de abortar es personal, una más entre las muchas decisiones que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tomamos a lo largo de nuestra vida. Brindar acceso a servicios de aborto seguro forma parte del derecho a la salud y es responsabilidad del Estado garantizarlo; negar o criminalizar este derecho sólo nos impone más barreras. Ninguna ley o dogma debería restringir nuestro derecho a la autodeterminación reproductiva.
Hacemos un llamado a la sociedad, medios de comunicación y organizaciones civiles a alzar la voz contra esta medida regresiva y a exigir un Aguascalientes donde los derechos de las personas con capacidad de gestar sean respetados y protegidos.
Atentamente
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud AC
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)
Cultivando Género, A.C.
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.
Federación Internacional de Planificación Familiar Americas y El Caribe (IPPF ACRO)
Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam)
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC)
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser)
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina
Dra. Raffaela Schiavon Ermani – Consultor Independiente
Mtra. Esperanza Delgado Herrera – Activista Social
