Ciudad de México, a 27 de agosto de 2024
A tan sólo un año de ser legal, el Congreso con mayoría panista intenta que en Aguascalientes sea imposible acceder a un aborto seguro.
Esta amenaza de retroceso contraviene a la Constitución, así como a lo establecido por la SCJN y la OMS.
Hace un año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la despenalización del aborto en Aguascalientes, al conceder un amparo promovido por varias organizaciones feministas de la sociedad civil en contra de la regulación del aborto en el Código Penal local, en donde la interrupción voluntaria de un embarazo —en cualquier momento de la gestación— era considerado un delito que se sancionaba con la pena de prisión.
Poco tiempo después, el Congreso del Estado de Aguascalientes —con mayoría de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) — cumplió con el mandato de la Corte y aprobó la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto voluntario durante las primeras doce semanas de la gestación. La gobernadora Teresa Jiménez Esquivel —también del PAN— ordenó la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre. Desde entonces, en Aguascalientes las mujeres, hombres trans y personas no binaries con capacidad de gestar pueden decidir de manera legal si continúan, o no, con su embarazo.
Ahora, la misma Legislatura con mayoría panista que el año pasado cumplió con el mandato de la Corte y despenalizó el aborto durante las primeras doce semanas de la gestación, está a punto de aprobar una nueva reforma al Código Penal para reducir a seis el número de semanas en las que se podría interrumpir un embarazo legalmente, como parte de una estrategia que busca hacer prácticamente imposible abortar en Aguascalientes.
La Suprema Corte ha sido muy clara y contundente: el diseño legislativo que se adopte al despenalizar el aborto voluntario no debe anular o volver inejercitable el derecho a decidir, por lo que la temporalidad que se fije debe ser razonable, basada en la mejor evidencia científica disponible.
Tratar de reducir a la mitad el período en el cual una persona puede decidir si continúa, o no, con su embarazo no es razonable, ni responde a evidencia científica o consideración médica válida, aunque así lo asegure falsamente el dictamen de la Comisión de Justicia que mañana se pretende aprobar. Es inconstitucional, contrario al criterio establecido por la propia Suprema Corte y violatorio de los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explícita y firmemente ha recomendado evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto con límites gestacionales.
El principio de progresividad, establecido en el artículo primero de la Constitución Política, ordena que se amplíen el alcance y los medios que garanticen el ejercicio de los derechos humanos hasta lograr su plena efectividad, por lo que constitucionalmente se prohíben todos aquellos actos que busquen limitar, restringir, eliminar o desconocer los avances conquistados, que es precisamente lo que intenta hacer la actual Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes en materia de aborto.
La propuesta de reducir de doce a seis el número de semanas en las que se puede abortar legalmente en Aguascalientes no persigue otro objetivo sino el de criminalizar e impedir —prácticamente imposibilitar— el que las personas puedan decidir libremente sobre su maternidad, sobre su salud y sobre sus vidas, lo cual es completamente inadmisible. Exigimos desechar esa iniciativa ¡Ni un paso atrás!
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