Estimados /as representantes de misiones de Estado ante la OEA
Desde la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos saludamos esta Asamblea General y agradecemos la oportunidad de dirigirnos a las distinguidas delegaciones de los 35 Estados de la OEA.
Con profunda preocupación, constatamos que la situación de los derechos reproductivos en el continente apenas ha experimentado cambios desde nuestras declaraciones de 2023. Persiste la una dolorosa realidad de violencia sexual contra mujeres y niñas, que resulta en embarazos adolescentes, así como el acceso insuficiente a anticoncepción y servicios de salud sexual y reproductiva, la denegación del servicio de aborto, la falta de educación sexual integral, entre otros desafíos. Los Estados deben asignar suficiente presupuesto para que las mujeres tengan acceso inmediato a la pastilla del día después y medicamentos contra la ITS, así como a medidas de protección y a un proceso judicial y atención centrado en las víctimas, libre de estereotipos discriminatorios e incorporando el análisis interseccional y los estándares internacionales sobre consentimiento, debida diligencia y violencia institucional. Esto lamentablemente no ocurre en est momento, y mientras hablamos hay niñas y mujeres que no tienen acceso a los servicios más básicos de salud.
En 2022, la Organización Mundial de la salud recomendó la despenalización del aborto y su manejo como un procedimiento de salud, y no desde el derecho penal. Sin embargo, aún existen Estados como República Dominicana, El Salvador, Honduras, entre otros, que no han cumplido esta recomendación y continúan abordando la interrupción del embarazo desde la criminalización. Mantener el aborto en los códigos penales no protege la vida, solo lleva al miedo de criminalización y restricciones en el ejercicio de la práctica médica. Los avances logrados en México, Argentina y Colombia deben ser modelos a seguir para garantizar que quienes necesiten un aborto puedan acceder a él sin temor a ser criminalizadas. La protección de la vida debe ser progresiva y no se logra mediante maternidades forzadas.
En este momento, mientras hablamos en este espacio, hay niñas de tan solo 10 años, que fueron embarazadas producto de violaciones sexuales y muchos de los Estados que alegan defender la vida, no les ofrecen opciones para interrumpir su embarazo, poniendo en riesgo la vida y la salud de estas niñas. Insistimos que son niñas, no madres, y tienen derecho a ser protegidas de maternidades impuestas.
A pesar de las decisiones tomadas por el Sistema Interamericano en el tema de violencia obstétrica y parto respetado, muchos Estados aún no toman medidas para garantizar gestaciones, embarazos, partos y puerperios en condiciones de dignidad. Esto es especialmente cierto para las mujeres privadas de la libertad, las mujeres racializadas y las mujeres en situación de pobreza.
Estamos inmersos en una crisis climática grave que compromete muchos derechos humanos, y los derechos reproductivos no son la excepción. La exposición a tóxicos que afectan la fertilidad y generan cáncer, las migraciones por sobrevivencia en medio de la emergencia climática, son temas que estamos discutiendo poco y que requiere toda nuestra atención, incluyendo sus impactos en la reproducción humana.
Agradecemos su atención y esperamos que esta Asamblea sea una oportunidad para que los Estados presentes ratifiquen su compromiso con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en la región.
