- Se rompió el techo de cristal: celebramos la elección de la primera mujer presidenta después de 200 años.
- Los derechos sexuales y reproductivos son un compromiso de Claudia Sheinbaum Pardo.
- La participación de las organizaciones de la sociedad civil resulta fundamental para avanzar en la autonomía reproductiva de las personas con capacidad de gestar.
Después de una larga espera de 200 años, México tendrá la primera mujer presidenta. En Ipas Latinoamérica y el Caribe nos orgullece celebrar este momento histórico. Reconocemos que este hito es la culminación de los incansables esfuerzos de innumerables mujeres diversas, organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas. Durante años nos hemos esforzado para alcanzar espacios que, históricamente, nos fueron negados por razón de género. Hoy hacemos un llamado a la necesidad de avanzar en la promoción, protección y defensa de todos los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
Este triunfo histórico se produce 71 años después del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en el país. Claudia Sheinbaum Pardo asumirá la presidencia de México con un amplio margen de legitimidad política al obtener casi el 60 % de la preferencia electoral, en una jornada pacífica y con gran participación. Enfrentará también grandes y urgentes retos desde atender la violencia, especialmente la violencia de género, hasta llevar a buen término la reforma al sistema de salud y responder a las demandas sociales, como son el asegurar el acceso al aborto legal y seguro.
La salud sexual y reproductiva deben ser parte vital de la agenda del nuevo sexenio
Este logro también se considera histórico porque la coalición de Claudia Sheinbaum Pardo logró las mayorías calificadas de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es decir, dos tercios del Congreso de la Unión, lo cual permitirá, por mayoría, la aprobación de reformas[1] y el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar el aborto del Código Penal Federal.
Con estos logros, y el Congreso a su favor, resulta vital:
- El diseño e implementación de políticas públicas que aseguren el acceso al aborto en todos los estados.
- La garantía de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
- Información acerca de derechos sexuales y reproductivos, de manera accesible y culturalmente aceptable para todas las personas.
Los países que han mejorado sus políticas públicas, incorporando el acceso a procedimientos de aborto seguro, han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población, tales como la disminución de la mortalidad materna y por aborto, y de la morbilidad y carga hospitalaria por complicaciones, hemorragias, infecciones y lesiones traumáticas causadas por procedimientos inseguros.
El aborto es un procedimiento muy seguro cuando se practica en condiciones adecuadas. En cambio, cuando se practica en condiciones inseguras, que surgen en contextos de ilegalidad, puede tener graves efectos para la salud y la vida de las personas. La penalización plantea problemas significativos en relación con los derechos humanos, la ética y la salud pública, y aumenta la presión a los sistemas de salud. Además, no disminuye su incidencia, sino que orilla a las personas a buscar procedimientos inseguros que ponen en peligro su vida y su salud.
- Hace 17 años, la Ciudad de México fue la primera entidad en México en legalizar la interrupción del embarazo.
- En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó tres decisiones trascendentales sobre aborto, estableció: 1) la inconstitucionalidad de su criminalización, 2) la necesidad de regular la objeción de conciencia ejercida por el personal de salud para que esta prerrogativa no sea barrera en el acceso al aborto y 3) la inconstitucionalidad de la protección de la llamada “vida desde la concepción”.
- Hoy en día, 12 de 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 o 13 semanas de gestación, mientras que otros dos (Jalisco y Chihuahua) tienen el fallo de tribunales para retirarlo de los códigos penales.
- Más de la mitad de los estados aún no reconocen la capacidad de decidir de mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar.
- Los estados que más penalizan el aborto son Guanajuato y Querétaro, donde solo está permitido en casos de violación o es resultado de una conducta imprudencial y sin dolo de la persona embarazada.
Ipas LAC reitera la voluntad de colaborar durante el nuevo sexenio para construir un mejor país, de la mano con el trabajo cercano con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), quienes cumplen un importante rol en la defensa y acompañamiento ante problemáticas sociales, contribuyen en el desarrollo y monitoreo de políticas públicas y legislación, y promueven la cooperación, el apoyo y la articulación en las comunidades.
El trabajo de las OSC ha permitido, en materia de aborto, brindar orientación telefónica, la implementación de la telemedicina y otras herramientas virtuales, el fortalecimiento de redes de acompañamiento y el acompañamiento para elegir de manera informada un aborto seguro autogestionado con medicamentos o uno con atención médica.
Su labor cercana con las poblaciones representa un nodo fuerte e imprescindible en la construcción de un país que necesita proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar.
Los derechos sexuales y reproductivos
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un conjunto de derechos humanos entendidos en el contexto del ejercicio de la autonomía reproductiva y sexual de las personas. Esto significa, decidir de manera libre, informada, segura y responsable sobre el ejercicio de su sexualidad y las circunstancias en las que deciden, o no, tener hijos e hijas.
La violencia sexual, el aborto inseguro, la muerte materna, la falta de anticoncepción, las maternidades forzadas, la falta de acceso a los servicios de atención durante el embarazo y la ausencia de educación sexual integral son algunos ejemplos de la falta de garantía de estos derechos.
¿Qué derechos humanos son derechos sexuales y derechos reproductivos?
- Derecho al estándar más alto de salud sexual y salud reproductiva.
- Derecho a decidir el número de hijas o hijos y el espaciamiento de los nacimientos.
- Derecho a la privacidad y la intimidad.
- Derecho a la igualdad y la no discriminación.
- Derecho a modificar tradiciones o costumbres que violan los derechos de las mujeres.
- Derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derecho a estar libre de violencia sexual.
- Derecho a beneficiarse del progreso científico.
- Derecho a recibir información útil, científica, basada en la evidencia y en el marco de un estado laico y plural.
[1] La reforma a la Ley General de Salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos fue un compromiso que hizo durante su campaña y que fue incluido en el documento “100 pasos para la Transformación”.
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