Limitar el acceso al aborto, otra forma de violencia de género

Este #8M por un aborto seguro y sin estigmas; por ti, por todas

Rumbo al 8M, es necesario recordar que las maternidades impuestas y no deseadas son violencia de género.
Forzar a una mujer a maternar en soledad, obligarla a asumir la maternidad porque el método anticonceptivo falló o normalizar el embarazo adolescente son ejemplos de violencia de género.
La falta de legislación y acceso a un aborto seguro violenta a las mujeres y personas con capacidad de gestar, al restringir su autonomía y acceso a oportunidades.
El aborto es una posibilidad de romper con los círculos de violencia estructural.

Aproximadamente, cada año ocurren 33 millones de embarazos no deseados en el mundo, según la OMS. Las mujeres se embarazan sin desearlo por diferentes razones, mismas que no dependen de ellas, por ejemplo: por violación, fallas, desabasto o necesidad insatisfecha de los métodos anticonceptivos y la falta de acceso a servicios de planificación familiar, en general. En los países de bajos ingresos, la falta de anticonceptivos afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo el informe de Ipas LAC “10 datos de salud pública para entender la importancia de despenalizar el aborto”.

En el caso de México, 3 de cada 10 personas jóvenes no tienen acceso a anticonceptivos por razones económicas o de distribución, mientras que la cobertura anticonceptiva alcanza de manera insuficiente a estas poblaciones:

44.5% de mujeres adolescentes
58% de mujeres indígenas
64% de mujeres rurales

En América Latina y el Caribe, de manera general, las tasas de prevalencia de métodos anticonceptivos son de 74% y 61%, respectivamente, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“Los embarazos forzados o no intencionados son una forma de violencia de género, pues solo las mujeres y personas con capacidad de gestar los enfrentamos. Estos son resultado, entre otros factores, de la deficiente educación integral de la sexualidad, el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos y la agresión física, verbal o manipulación para tener relaciones sexuales. Estos embarazos son consecuencia de contextos que vulneran a niñas, adolescentes, mujeres o personas con capacidad de gestar” señaló María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC.

Ipas México, en el documento “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, evidencia cómo las adolescentes embarazadas, en comparación con quienes lo hacen después de los 20 años, tienen más probabilidad de no encontrar trabajo, no tener derechohabiencia[1] y no recibir educación.

Estos datos se relacionan con la violencia estructural, que es el conjunto de opresiones que se generan desde las estructuras sociales, como la política, las leyes, la religión, las normas culturales, entre otras que beneficia a ciertos grupos sociales, mientras que representa desventajas para otros, como el racismo, la discriminación y la exclusión. Esto se ve reflejado en la violencia contra las mujeres y niñas, que afecta en mayor medida a quienes viven en contextos de alta desigualdad, violencia extrema y limitaciones para el acceso a servicios y a la justicia (CEPAL, 2021).

Esta violencia también limita sus posibilidades de decidir si desean un embarazo y cuándo lo quieren, así como su búsqueda de servicios de salud, lo cual impacta en su salud sexual, reproductiva, perinatal y materna. De acuerdo con el documento de Ipas México, los niveles exacerbados de miedo y control, así como la violencia en sus relaciones de pareja, se asocian con la incapacidad para acceder a servicios de anticoncepción que les permitan la prevención de un embarazo no deseado.

Un estudio multipaís de la OMS, sobre salud de la mujer y violencia doméstica en 2005, mostró que las mujeres que experimentaron violencia en sus relaciones de pareja presentaron mayores niveles de embarazo no deseado, en comparación con aquellas que no estaban en una relación violenta.

Violencia de género en América Latina y el Caribe

La expresión máxima de la violencia de género es el feminicidio, pero existen una serie de violencias que, en el día a día, merman las posibilidades de las mujeres para acceder a una vida libre de violencias. Violencia de género también es la desprotección y violación de sus derechos reproductivos. La falta de prevención y atención a este tipo de daño las revictimiza y las enfrenta a otros tipos de prácticas violentas de manera crónica y simultánea.

En 2022, Brasil y México encabezaron la lista de los países de América Latina y el Caribe con mayores casos de feminicidio, el primero con 1,437 y el segundo con 976. El tercer lugar lo ocupó Honduras con 309, este país también presentó la tasa más alta de muertes violentas de mujeres por razón de género, o sea, la proporción entre el número de feminicidios por cada 100 mil mujeres es la más alta de la región, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL.

Al menos 4,050 mujeres de América Latina y el Caribe que fueron víctimas de feminicidio en 2022.

El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho que implica que ninguna acción u omisión, pública o privada, les cause daño o sufrimiento de cualquier índole: psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual; y el aborto seguro es una posibilidad para acercarlas a este derecho y que se respete su autonomía, su integridad física, psicológica y moral. Sin discriminación y sin estereotipos basados en el género.

“Los Estados tienen la obligación de garantizar el disfrute de todos los derechos reproductivos, incluyendo la libre determinación sobre la maternidad y el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. La falta de garantías para el ejercicio de estos derechos violenta a las mujeres y las enfrenta a situaciones que ponen el peligro su vida, su salud y su libertad” afirmó María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC.

Para conocer sobre la legislación del aborto en la región, la forma de acceder a un procedimiento o solicitar información a organizaciones que brindan apoyo, te invitamos a consultar nuestro Mapa Interactivo de Acceso al Aborto en Latinoamérica.

Mapa aborto en mi país — abortoenmipais.ipaslac.org

[1] De acuerdo con el INEGI, la derechohabiencia es el derecho a recibir prestaciones en especie o en dinero por parte de las instituciones de seguridad social.

Coordinadora de vinculación con medios:
Irene Vázquez Gudiño 
vazquezi@ipas.org

Fuentes:

Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina (2021). La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de exclusión estructural múltiple en Centroamérica: Estudios de caso en El Salvador, Guatemala y Honduras. https://oig.cepal.org/es/documentos/la-violencia-mujeres-ninas-contextos-exclusion-estructural-multiple-centroamerica
Ipas LAC (2022). 10 datos de salud pública para entender la importancia de despenalizar el aborto. https://ipasmexico.org/pdf/IpasCAM2022-10DatosSaludPublicaDespenalizarAborto.pdf
Ipas México (2018). Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos. https://ipasmexico.org/pdf/IpasMx2018-BrochureViolenciaSexualyEmbarazoInfantilenMexico.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023). Violencia Feminicida en Cifras: América Latina y el Caribe. Boletín No. 2. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/556c1a40-c2c3-42b9-a3f5-cf6ce0353546/content
Organización Mundial de la Salud (‎2005)‎. Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia. https://iris.who.int/handle/10665/43390