Ciudad de México, 7 de agosto de 2023. Ipas, una red de organizaciones locales que trabaja en tres continentes para asegurar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan elegir sobre su reproducción, cumple 50 años de existir en el mundo. Durante todo este tiempo, sus integrantes han posicionado en distintos territorios un mensaje claro: la penalización del aborto afecta a todo el mundo y por eso seguirán trabajando para garantizar el acceso al aborto seguro, como un servicio de salud y no como un delito.
En Ipas Latinoamérica y el Caribe sabemos que la penalización del aborto afecta a todo el mundo porque criminalizar la interrupción del embarazo no sólo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, sino que puede tener consecuencias en sus familias y poblaciones enteras si éstas mueren por una complicación al enfrentar un aborto inseguro o si son encarceladas por practicarse un aborto y no pueden continuar brindando el ingreso a su familia o no pueden continuar con las labores de cuidado a infancias y adultos mayores.
“La penalización del aborto afecta a todo el mundo porque encarcela mujeres y personas con capacidad de gestar por practicarse un aborto, perjudicando su vida y perjudicando a familias enteras. En países prohibitivos es imprescindible acompañar a quienes son criminalizadas por abortar, ya que se les imponen penas graves al reclasificar el aborto como otro tipo de delitos”, dijo Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe
En este sentido, en nuestro 50 aniversario creemos que el aborto debe ser un tema de salud pública. Los países que han mejorado sus políticas públicas, legalizando el acceso a procedimientos de aborto seguro, han logrado importantes beneficios en la salud pública de su población, tales como la disminución de la mortalidad materna en general y por aborto, y de la morbilidad y carga hospitalaria por urgencias obstétricas y complicaciones como: hemorragias, infecciones y lesiones traumáticas causadas por procedimientos inseguros, que regularmente ocurren bajo contextos de ilegalidad.
“La penalización del aborto puede tener consecuencias perjudiciales en familias y poblaciones enteras si una mujer o persona con capacidad de gestar muere por una complicación al enfrentar un aborto inseguro. Esto puede cambiar si se tiene acceso al aborto mediante servicios de salud, autogestión y redes de acompañantes”, comentó Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de Ipas Latinoamérica y el Caribe
En nuestro 50 aniversario reafirmamos nuestro compromiso con nuestra misión global, por lo tanto seguimos trabajando por la despenalización porque Latinoamérica presenta un panorama diverso y contrastante de marcos legales y contextos políticos de acceso al aborto, desde cinco países que lo prohíben en su totalidad sin importar las circunstancias y lo castigan con fuertes penas de cárcel (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam) hasta los que lo reconocen como un derecho humano de las mujeres y personas con capacidad de gestar garantizado desde el sistema público de salud como Argentina y Colombia.
Sólo el año pasado, en América Latina, 38 mil 576 personas abortaron en centros apoyados por Ipas y 30 mil 263 personas recibieron servicios de anticoncepción en estos espacios apoyados por la organización. En la actualidad, Ipas, como red internacional de organizaciones locales, trabaja con socios en más de 30 países de África, América y Asia para garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de aborto seguro, de alta calidad.
El camino para llegar a tantas regiones ha sido largo y constante. En 1973, Ipas se funda de la mano de la creación del equipo de aspiración manual endouterina (AMEU), una de las dos tecnologías de aborto seguro reconocidas por la OMS. Inicia su presencia local en los países en 1982, con el programa para capacitar a proveedores de aborto seguro en México; llega también a uno de los entornos más restrictivos para el aborto: Nicaragua y de ahí amplía su trabajo al resto de Centroamérica; llega también a países de Asia, África y otros en América Latina.
