Washington, 21 de junio de 2023. Las organizaciones que integramos la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas exhortamos a los Estados miembros de la Asamblea General de la OEA a priorizar políticas públicas para adoptar sin más dilaciones, las garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas en toda su diversidad y sin exclusión de ningún tipo.
Para fortalecer una cultura de responsabilidad democrática, los estados miembros deben respetar la autonomía de las mujeres, el derecho a vivir libres de violencia, el acceso a la salud sexual y reproductiva incluyendo educación sexual integral, anticoncepción y servicios de aborto seguro.
El caso Beatriz presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye un claro ejemplo del impacto que la penalización absoluta del aborto tiene sobre la vida de las mujeres.
En los últimos años más de 80,000 niñas entre 10 y 14 años sufren embarazos y partos producto de violación y son víctimas de matrimonios forzados. El Comité de la CEDAW y la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y las niñas, han enfatizado la responsabilidad de los Estados para que los sistemas normativos y judiciales garanticen a las víctimas de violencia sexual, el acceso a la justicia.
La violencia continúa arrebatando la vida de las mujeres en nuestra región. En el 2022 y 2023 se cometieron 716 femicidios y 2 transfemicidos en El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia. Las mujeres con discapacidad en el Perú están expuestas a una violencia sistemática.
La vida de las mujeres indígenas está marcada por múltiples opresiones que les niega el derecho a vivir en condiciones dignas y compromete su desarrollo pleno y el de sus comunidades.
Las trabajadoras sexuales son discriminadas en los servicios públicos de salud, que violentan su autonomía e intimidad sexual.
Las defensoras de derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos, enfrentamos amenazas, ataques, criminalización, desplazamientos forzados y asesinatos. En el 2022 se registraron al menos 4,803 agresiones en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua, incluyendo 20 asesinatos. Los Estados son los principales perpetradores de estas agresiones.
El retorno de gobiernos autoritarios en Centroamérica profundiza la sistemática violación de derechos humanos, los ataques a la libertad de expresión y el cierre del espacio cívico, crucial para avanzar en una cultura democrática.
Millones de mujeres y niñas en toda su diversidad, reclamamos el derecho a vivir en sociedades realmente democráticas. Los estados deben asumir compromisos firmes para revertir los graves retrocesos que enfrenta la región.
