- Las organizaciones colitigantes del caso se sienten optimistas y esperanzadas después del cierre de la audiencia.
- En los dos días de la audiencia, quedó evidenciado que Beatriz vio vulnerados sus derechos a la vida, integridad y salud, entre otros.
- Las organizaciones colitigantes pedimos a la Corte IDH que repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas y genere las condiciones jurídicas que aseguren el acceso al aborto seguro en El Salvador.
Ciudad de México, 27 de marzo de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública el 22 y 23 de marzo en San José, Costa Rica, sobre Beatriz, la joven que en 2013 solicitó un aborto al Estado de El Salvador para salvar su salud y vida.
La Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Colectiva Feminista e Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC), organizaciones representantes que han acompañado a la familia de Beatriz y llevado su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se sienten optimistas y esperanzadas después del cierre de la audiencia.
“Nos quedamos con mucha esperanza después de esta audiencia. Quedó clarísimo que la forma en que fue tratada Beatriz fue violatoria de sus derechos humanos y que es necesario revertir la penalización total del aborto. Hoy el Estado salvadoreño tiene la oportunidad no sólo de hacer justicia para Beatriz, sino de asegurar que estos casos no se repitan. Esto pasó hace diez años, era otro gobierno, pero en este momento este gobierno tiene la oportunidad de modificar las leyes para asegurar que en los casos en que la salud y la vida de las mujeres embarazadas corran peligro, los embarazos se puedan interrumpir”, dijo María Antonieta Alcalde, directora de Ipas LAC.
Durante estos días, quedó en evidencia que Beatriz vio vulnerados sus derechos a la vida, integridad y salud, a la vida privada y familiar, así como su derecho a la autonomía y al acceso a la justicia y garantías judiciales, entre otros.
Beatriz murió en septiembre de 2017, pero su voz fue escuchada el segundo día de la audiencia. Las organizaciones colitigantes presentaron un video grabado en mayo de 2013, en el que se dirigía al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes: “Que me ayude a que la Sala (de lo Constitucional) acepte interrumpir el embarazo… Yo quisiera que otras mujeres no pasen lo mismo que yo pasé”.
Por medio de testimonios, peritajes médicos y pruebas documentales se demostró que no haber realizado la interrupción del embarazo en el momento en que fue médicamente recomendada, agravó la situación de riesgo para la vida, integridad y la salud física y mental de Beatriz; esto constituyó una forma de tortura.
“En maternidad diagnosticaron que Beatriz iba a tener una niña pero que no podría nacer porque no tenía cerebro (…) Los doctores le dijeron que no podía seguir con el embarazo porque la vida de ambas estaba en peligro y que había una posibilidad de que Beatriz se salvara; que había un tratamiento, pero que no lo podían hacer porque estaba prohibido”, dijo la señora M.D.C., madre de Beatriz, como parte del primer testimonio de la audiencia.
Este riesgo a su salud estaba basado en sus enfermedades preexistentes (artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico en su etapa de nefropatía lúpica), en que en su primer embarazo había sufrido una preeclampsia grave y en el hecho de que gestaba un feto anencefálico, es decir, sin parte del cerebro y el cráneo, y que éste era incompatible con la vida fuera del útero.
“Ella me decía, si yo supiera que mi bebé va a vivir, yo me sacrificaría, pero no había esperanza porque a ella a cada rato le hacían exámenes… pero era el mismo resultado (…) Yo le decía que la apoyaba en lo que ella decidiera, pero me sentía indignada pues si había un tratamiento para salvarla, por qué la tenían en esa tortura cada día”, compartió la madre de Beatriz.
La segunda declaración en calidad de testigo fue la del doctor Guillermo Ortiz, médico ginecólogo y obstetra, especialista en embarazos de alto riesgo, quien atendió a Beatriz en sus dos embarazos.
“Ella sabía que no estaba en riesgo inminente pero también sabía que a la semana 26 es donde empieza el riesgo más grave, ella lo sabía porque ya lo había vivido en el primer embarazo donde tuvo crisis desde las 20 semanas”, detalló el especialista.
La siguiente intervención fue la del médico Rafael Barahona, quien debía declarar como testigo del Estado de El Salvador sobre el diagnóstico, el tratamiento durante la gestación, el parto y la posterior estabilización de Beatriz.
Sin embargo, ante la reiterada pregunta de los jueces y juezas sobre cuál había sido su relación directa con la joven salvadoreña, este indicó que no fue su médico tratante y pocas veces habló con ella y ninguna con su familia.
A lo largo de los dos días de audiencia, la Corte IDH recibió argumentos suficientes para reconocer que la penalización absoluta del aborto en El Salvador es contraria a la obligación de resguardar derechos y que el acceso al aborto en casos como el mencionado es un servicio de salud y, por lo tanto, debe ser lícito.
“La prueba del proceso es abundante e incuestionable. Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por sus médicos tratantes al inicio del embarazo porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia. De la voz de su madre, de su médico y de ella misma escuchamos el temor que tuvieron ante la posibilidad de ser criminalizados. Este temor se sumó al expresado por Beatriz ante la posibilidad de morir mientras esperaba recibir la realización del procedimiento”, cita el pronunciamiento de las organizaciones colitigantes.
En sus alegatos finales, las organizaciones solicitaron a la Corte IDH que ordene al Estado de El Salvador los siguientes puntos por la salud, la vida, la dignidad y la autonomía de las mujeres:
- Repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas.
- Genere las condiciones jurídicas que aseguren el acceso a los servicios de aborto seguro de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Para garantizar la efectividad de tal medida, solicitan a la Corte disponga de manera expresa en su sentencia, que la penalización del aborto, al menos en casos donde la salud de la mujer embarazada está en riesgo, no tiene efectos jurídicos en El Salvador, por ser una práctica contraria a la Convención Americana.
- Adopte leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica de acuerdo con las directrices de la OMS.
- Para ello, debe garantizarse que el aborto se realice sin necesidad de autorización previa y garantizando atención médica, incluida la atención psicológica de manera inmediata.
- Asimismo, asegure que la educación de los profesionales de la salud garantice los derechos reproductivos de las mujeres.
- Elabore guías de práctica clínica que aseguren el acceso a los métodos de diagnóstico y tratamientos en los casos que se requiera practicar un aborto.
“El caso de Beatriz se repite en todos los países donde está penalizado el aborto y esta es una oportunidad muy importante para que la Corte IDH siente precedentes y estándares que deban seguir todos los Estados firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos para preservar la salud, la vida y la integridad de las mujeres embarazadas”, aseguró la directora de Ipas LAC.
En Ipas LAC agradecemos a las organizaciones, así como a todas las personas que, en El Salvador, Costa Rica y el mundo entero se sumaron a las exigencias de justicia para Beatriz y su familia. Durante la audiencia se realizaron movilizaciones afuera de las embajadas de El Salvador en países de América Latina y el resto del mundo.
Llamamos a mantener la solidaridad y la esperanza mientras llega la sentencia de la Corte IDH e invitamos a sostener los llamados de justicia para Beatriz. El tribunal dará su sentencia sobre el caso en los próximos meses después de que se entreguen los últimos alegatos por escrito.
