- A partir de hoy, los Estados Unidos se suman al grupo de países que no respetan a cabalidad los derechos de las mujeres y personas gestantes.
- Las organizaciones de mujeres en el sur global, en especial en América Latina, estamos listas para apoyar al movimiento pro-choice y de justicia reproductiva en Estados Unidos.
Ciudad de México, 24 de junio de 2022. Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) concretó su intención de anular el fallo histórico Roe vs. Wade, con lo que pone fin a casi 50 años de protección constitucional del aborto a nivel federal en el país norteamericano.
La anulación representa un grave retroceso para los derechos de todas las personas en Estados Unidos y abre la posibilidad a los estados de violentar los derechos a la salud y atención sanitaria, la autonomía corporal, la intimidad y la libertad de las mujeres y personas gestantes.
Tras haberse colocado como uno de los países de avanzada en materia de aborto a partir de 1973 con dicho fallo, hoy, los Estados Unidos se suman a un grupo de países que no reconoce ni garantiza de forma cabal los derechos de las mujeres y personas gestantes.
A partir de hoy el acceso al aborto será determinado y regulado por cada estado. Hasta este momento, 26 estados han promulgado leyes con restricciones al aborto, varias de ellas, severas. Aún con las restricciones impuestas por los Estados, las personas que lo necesiten seguirán recurriendo a procedimientos de aborto. Sin embargo, es preocupante la cantidad de barreras y riesgos que tendrán que enfrentar para hacerlo, mismos que la SCOTUS las obliga a tomar con la decisión alcanzada el día de hoy.
La decisión de la Corte Suprema instaura un escenario legal que, desde ya, se establece la posibilidad de que exista criminalización, persecución, negación de atención médica y estigma, acrecentando los impactos negativos en las esferas de salud, economía, seguridad personal y de las familias de las mujeres y personas con capacidad de gestar que requieran o decidan interrumpir el embarazo.
La afectación será diferenciada entre las personas; la mayor afectación será para las personas racializadas, afrodescendientes, con estatus migratorio irregular y situación de pobreza, que requieran interrumpir el embarazo, además de colocar en una situación compleja a las y los prestadores de servicios de salud. Algunas personas se verán obligadas a recorrer grandes distancias, pagar altos costos y enfrentar múltiples barreras para acceder a servicios seguros de salud, mientras que otras más se verán obligadas a llevar a término embarazos no planeados en contra de su voluntad.
La evidencia internacional recabada en países con modelos similares, como México, demuestra que en contextos de penalización algunas personas son capaces de autogestionar sus abortos con seguridad y dignidad gracias la autogestión del aborto con medicamentos o al acompañamiento de redes de apoyo, pero hay quienes se ven orilladas a recurrir a procedimientos inseguros. Adicionalmente, las mujeres y personas embarazadas y los proveedores de salud podrían ser víctima de criminalización e ir a la cárcel o enfrentar persecución por ejercer su derecho o profesión.
En Ipas también sabemos que los impactos dañinos de esta decisión no se limitarán a los Estados Unidos, sino que tendrán un alcance global, pues los movimientos antiderechos en todo el mundo podrían tomar este precedente para impulsar su agenda.
“Ante este retroceso en Norteamérica, la ola verde en defensa del derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción en los países de América Latina crece y ya ha demostrado ser capaz de ir más allá de nuestros territorios. Tenemos seguridad de que, tarde o temprano, la afrenta a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Estados Unidos será contrarrestada por el trabajo coordinado de cientos, miles de activistas norteamericanas y del sur que generen redes de apoyo, canales de comunicación, estrategias de vinculación, centros de atención y orientación, capacitación y redes de acompañamiento a mujeres y personas gestantes en situación de aborto”, aseguró María Antonieta Alcalde Castro, directora ejecutiva de Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM).
Es momento de que todas, independientemente de nuestra nacionalidad, protestemos, resistamos y apoyemos a grupos que trabajan por el acceso al aborto. De que las y los legisladores estadounidenses protejan en sus demarcaciones la posibilidad de interrupción del embarazo, que se acerquen a la experiencia latinoamericana y realicen un ejercicio de repensar el modelo de protección y defensa del aborto desde el aparato Estatal, con la seguridad de que el retroceso hoy marcado por la Corte Suprema será pasajero, siempre con apoyo y solidaridad de activistas de otras latitudes. Desde Ipas estamos listas para trabajar codo a codo para qué así sea.
Hoy, más que nunca, recordamos a las estadounidenses que no están solas. Quienes integramos e impulsamos el avance de la Marea Verde latinoamericana está con ustedes.
