Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021.- Luego de reunirse en varias ocasiones con organizaciones civiles, colectivas y ciudadanas, y de adquirir un compromiso para discutir en el pleno la iniciativa de ley que despenalizaría el aborto, los y las diputadas del Congreso del Estado de México decidieron no avanzar en la protección y garantía de los derechos de las mujeres, además de reprender a las manifestantes que demandaban la discusión de la iniciativa.
En Ipas México lamentamos la falta de compromiso con los derechos de las mujeres, por parte de las y los legisladores del Estado de México, que perdieron la oportunidad de seguir los pasos de Hidalgo y Veracruz al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pues la entidad acumula profundas deudas con las mexiquenses en materia de feminicidios, violencia de género, falta de cobertura anticonceptiva y de servicios de salud.
La decisión del Congreso mexiquense impactará en miles de mujeres que se verán orilladas a acudir a métodos de aborto ilegales, que muchas veces son inseguros arriesgando su vida y su salud o tendrán que buscar opciones para trasladarse a la capital del país para acceder al servicio, con todas las cargas que esto implica.
Las mexiquenses han encontrado opciones de interrupción seguro del embarazo en la Ciudad de México, donde el aborto se despenalizó en 2007. En la capital del país, el Edomex se ha colocado como la primera entidad con mayor demanda de servicios de ILE con 64,077 casos de 2007 a junio de 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local.
Un tema de derechos humanos
El acceso a procedimientos de aborto seguro está vinculado con el ejercicio de varios derechos humanos, reconocidos en tratados internacionales, como: el derecho a la vida digna, a la salud, a la autodeterminación reproductiva (libre elección de la maternidad), a la igualdad y la no discriminación, a la libertad reproductiva y sexual, a la intimidad, a la libertad de creencias y religión, a la educación y a la información, entre otros.
Incluso, México fue uno de los primeros 48 países que firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, primer documento de las Naciones Unidas que reconoce los derechos fundamentales que deben ser reconocidos y protegidos en todo el mundo, y se ha adherido a un listado amplio de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocen que habilitar el acceso a servicios de aborto permiten garantizar los derechos de salud y vida. Incluso ha señalado que, en reconocimiento al derecho humano a la salud y su protección, todas las instituciones de salud del país (públicas, privadas y sociales) son responsables de ofrecer estos servicios, los cuales forman parte de la atención médica materno infantil prioritaria, reconocida como servicio de salud básicos en la Ley General de Salud.
“El proyecto de vida se puede afectar con la continuación de un embarazo que representa riesgo para la salud al perjudicar efectivamente la salud o la vida o, simplemente, por resultar incompatible con dicho proyecto”, indicó la SCJN en 2019, por lo que instó a considerar a la interrupción del embarazo como un servicio de salud que no sólo contribuye al bienestar de las mujeres en los casos en los que su integridad física, mental o social está en riesgo, sino también cuando la continuación del embarazo se presenta como incompatible con su proyecto de vida.
En tanto, la violencia de género es una de las causas más relacionadas con el embarazo en niñas y adolescentes mexicanas, y Edomex es la entidad con mayor cantidad de embarazos adolescentes. De acuerdo con el Subsistema de Información sobre Nacimientos (Sinac), de la DGIS, en 2019 se reportaron 237,190 nacimientos en el Estado de México (13% del total de nacimientos en el país), de los cuales 42,703 correspondieron a menores de 20 años, es decir, 18% con respecto a los nacimientos de mujeres de todas las edades.
De acuerdo con un estudio realizado por Ipas México, que identifica las condiciones por las que se da un embarazo adolescente, de los 11,794 nacimientos en mexicanas menores de 15 años durante 2017, el 45% de las mujeres reportó que el hombre responsable del embarazo tenía entre 18 y 68 años; es decir, no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes sino de niñas siendo obligadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza (física o moral), el chantaje y amenazas en un marco de normalización de la violencia y de baja efectividad en materia de procuración de justicia.
Por otro lado, de 2002 a 2019, la entidad registró 2,791 defunciones maternas (310 sucedieron en adolescentes) y 209 muertes por aborto (20 de adolescentes). Además, durante 2019 se registraron 11,039 egresos hospitalarios por abortos. No obstante, se dificulta determinar la tendencia real de estas problemáticas debido a que existen informes que documentan un subregistro de casos durante años. En muchas ocasiones, los egresos hospitalarios no se registran como aborto sino como hemorragias obstétricas, por ejemplo, ante el temor de profesionales de la salud a ser cuestionados o criminalizados.
