- Exhortamos a que la Jefa de Gobierno ejerza su facultad y emita comentarios a la ley que limita el acceso al aborto en caso de violación
Ciudad de México, a 2 de junio de 2021.- Durante la sesión del pasado 29 de abril, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un cambio en la Ley de Salud, con el que establece un plazo límite de 20 semanas de gestación para interrumpir el embarazo en casos de violación; esta aprobación es un grave retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres.
Aun cuando legisladores y medios de comunicación, incluso organizaciones de sociedad civil, lo anunciaron como un logro, este cambio tiene un impacto negativo de altas dimensiones y representa un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, sobre todo para las más vulnerables como son las sobrevivientes de violencia sexual.
“Detrás de este intento de reforma, hay un profundo desconocimiento e ignorancia por parte de las y los legisladores, de las situaciones que enfrentamos las mujeres, de nuestros derechos y del marco jurídico sobre aborto”, señaló Fernanda Díaz de león, Coordinadora del área de incidencia y acceso comunitario en Ipas CAM.
Desde 2007, en la Ciudad de México existen 6 situaciones permitidas para acceder al aborto legal; además del aborto por elección, las mujeres pueden recurrir a un aborto legal por otras 5 causales: cuando exista grave daño a la salud de la mujer, cuando el embarazo es resultado de violencia sexual, por inseminación artificial no consentida, si el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas graves, y cuando el aborto es consecuencia de un acto involuntario, imprudencial o accidental.
En el caso de estas causales no existe un plazo mínimo, lo que permite que víctimas de violencia sexual puedan interrumpir su embarazo aun cuando tengan más de 12 o 20 semanas de gestación, pues muchas veces viven procesos largos para identificar el retraso en su menstruación, en reconocer el propio embarazo, romper círculos de violencia que les impiden buscar atención médica, falta de información o acceso a los servicios.
De acuerdo con la NOM-046, publicada el 24 de marzo de 2016, si una mujer queda embarazada como consecuencia de una violación, tiene derecho a interrumpir el embarazo si así lo desea, sin importar su edad, por lo que puede acceder a un aborto médico legal en cualquier parte del país, sin necesidad de presentar una denuncia penal.
Contrario a lo que pretenden aprobar con esta reforma, ni la NOM-046 para la protección de sobrevivientes de violencia; ni la Ley General de Víctimas —que contempla a la interrupción del embarazo producto de una violación como un servicio médico de emergencia—, ni el Código Penal de la Ciudad de México, establecen un plazo de semanas de gestación para que las víctimas de violación puedan abortar.
“Las víctimas de violencia sexual pueden tardar en identificar el embarazo porque se demoran en procesar lo sucedido o porque los servicios de atención en los sistemas de salud y de justicia, no son prontos, ni expeditos. El decreto limita el derecho que ya tenían ganado las mujeres”, indicó Díaz de león Ballesteros.
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, tiene hasta el 5 de junio para enviar sus comentarios a la ley que intenta limitar el acceso al aborto en caso de violencia sexual hasta las 20 semanas. De no hacerlo, el Congreso local podrá ordenar la publicación en la Gaceta Oficial de esta reforma que atenta contra los derechos y garantías de las mujeres tanto de la Ciudad de México, como de otras entidades que acuden a la capital a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
“Exhortamos a la jefa de gobierno a ejercer su facultad y emitir comentarios para que el decreto regrese al Congreso y sea modificado. Necesitamos que Claudia Sheinbaum cumpla con el compromiso asumido con las mujeres en la Ciudad de México para velar por nuestros derechos y garantías individuales y poner un alto a la revictimización cometida por el Estado”, dijo la Coordinadora del área de incidencia y acceso comunitario en Ipas CAM.
Ipas CAM (Centroamérica y México), junto con otras organizaciones, enviaron una misiva a la Jefa de Gobierno solicitando una audiencia urgente para ampliar la información de por qué es violatoria al establecer el plazo de las 20.6 semanas de gestación. Dicha reunión se llevó a cabo el pasado 27 de mayo.
“Nos encontramos a la espera de la respuesta de la mandataria local. Vale recordar que la Ciudad de México ha sido por más de una década vanguardista en la protección y acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; es un estatus que debemos mantener y procurar”, finalizó Díaz de león.
