– El amparo se turnará a otro ministro o ministra para replantear la propuesta, la Primera Sala asegura no estar en contra de los derechos de las mujeres.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desechar el proyecto de sentencia que ordenaba al Congreso veracruzano reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal local que criminaliza el aborto en la entidad y restringe el acceso de las mujeres a la vida digna, la salud, la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación.
La propuesta de Amparo 636/2019 del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue rechazada cuatro votos a uno por sus colegas Margarita Ríos-Farjat, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Lucía Piña Hernández, quienes argumentaron contra el concepto de “omisión legislativa”, razón por la que el amparo será turnado a otro ministro o ministra para elaborar una propuesta distinta.
A pesar de que los integrantes de la Primera Sala decidieron desechar el proyecto, fueron enfáticos en señalar que las razones versaban sobre la forma del proyecto y no el fondo. Es decir, debido a errores en el procedimiento o la técnica jurídica y «de ninguna manera» en contra del aborto o los derechos de las mujeres, o de la necesidad de modificar los marcos normativos para eliminar la criminalización contra las mujeres que abortan.
Las razones por las que las y los ministros votaron en contra:
Yo no me voy a pronunciar en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad de las normas que establecen esas causales, sino voy a ir exactamente en contra del proyecto por el tratamiento que se le da.
– Ministra Norma Lucía Piña Hernández
Este proyecto tiene un problema de técnica jurídica que, desafortunadamente, me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto.
– Ministra Ana Margarita Ríos Fajar
Con consideraciones muy similares que ya no voy a repetir, yo también estaría en contra del proyecto.
– Ministro Gutiérrez Ortiz Mena
En ese sentido, además de manifestar que su resolución y proceder deriva de errores en el procedimiento jurídico, los ministros reconocieron la necesidad de que los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz legislen a favor de las mujeres y sus derechos humanos y con miras a prevenir, eliminar y erradicar la violencia y los actos de discriminación en su contra.
“Dadas las obligaciones contraídas por el Estado mexicano, sí existe una obligación legislativa que llama al estado de Veracruz a reformar sus normas penales con relación a la interrupción del embarazo. Los tratados internacionales son claros y categóricos, existe una obligación inmediata de reformar aquellas normas que sean discriminatorias y/o sean fuentes de violencia en contra de las mujeres”, sostuvo el ministro Juan Luis González Alcántara.
Por su parte, la ministra Norma Lucía Piña explicó: “Comparto que existen tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano y que buscan proteger a la mujer y eliminar toda forma de violencia. […] pero me gustaría aclarar que en la Primera Sala no hay precedentes de omisiones legislativas. […] Yo no me voy a pronunciar en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad de las normas que establecen esas causales, sino voy a ir exactamente en contra del proyecto por el tratamiento que se le da.”
Al respecto, cabe recordar que El Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) estableció recomendaciones a los Estados firmantes para armonizar sus legislaciones federales y estatales relativas al aborto, así como aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a procedimientos de aborto seguro. “Los Estados Partes también deben enmendar la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”.
Por su parte Ma. Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM, recordó que “finalmente, el caso llegó a la Corte a partir de que el anterior Congreso Local eligió desoír las recomendaciones internacionales, pero también decidieron no atender los acuerdos y recomendaciones del grupo de expertos que trabajaron en el estado para hacer frente a una creciente ola de violencia contra las mujeres, como modificar el marco normativo veracruzano y legislar a favor de ellas. El congreso anterior no mostró mucha voluntad a favor de las veracruzanas, esperamos que los nuevos integrantes del Congreso tengan una mejor disposición, compromiso y que actúen en consecuencia”.
Desde Ipas CAM promovemos que las mujeres y las niñas accedan plenamente al ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y celebramos que, en la discusión celebrada, las y los ministros hayan reconocido que la legislación vigente en el estado de Veracruz es discriminatoria contra las mujeres. Aunque la discusión se haya pospuesto por el momento, reiteramos que la despenalización del aborto es una medida necesaria, urgente, de salud pública y de justicia social.
“No hay que olvidar que el Estado mexicano adquirió el compromiso de reformar o eliminar leyes que resulten discriminatorias contra las mujeres y/o contrarias a las recomendaciones internacionales y también que el Congreso de Veracruz recibió llamados para modificar su legislación por contravenir con ambos principios, y con graves afectaciones para las veracruzanas en un creciente contexto de violencia en la entidad”, finalizó la directora de Ipas CAM.
